Los Kirchner son personas audaces. A mediados de diciembre, mientras pasaban por arriba a los legisladores de la oposición durante el casi inexistente debate del Presupuesto 2006, la senadora Cristina Fernández, abruptamente, planteó una cuestión de privilegio para acusar al vicepresidente Daniel Scioli de armarle operaciones de prensa en su contra.

Lo que ahora se pudo saber es que una hora antes de su encendida intervención, la señora habría recibido una carpeta con la desgrabación de escuchas telefónicas sobre el titular del Senado. Un ministro, un jefe de la SIDE, un encargado administrativo del Congreso ex agente de Inteligencia y un ex ministro de este Gobierno, reconocieron ante NOTICIAS que el vicepresidente de la Nación fue (y probablemente aún lo sea) "objeto de análisis" de sectores de inteligencia. Una altísima autoridad del Gobierno las habría ordenado a Francisco "Paco" Larcher, ex director del Banco de Santa Cruz, y actual Nº8 de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE. Para no exponerse a algún tipo de control de la operación -manifiestamente ilegal-, el método aplicado fue el que los funcionarios llaman de "tercerización": un equipo de ex técnicos de las empresas telefónicas se encarga de "pinchar" las comunicaciones del "blanco" elegido. Cuando se trata de casos potencialmente explosivos, como el de Scioli, este mecanismo permite que si cae algún culpable de las escuchas, estos no sean empleados de la SIDE. Una fuente de la SIDE que supo del operativo, pero que no accedió a los contenidos de las grabaciones, aseguró que el trabajo sobre el vicepresidente apenas requirió de la módica tarifa de $ 300 por día.

"Ojota", el organismo de observaciones judiciales que funciona dentro de la Secretaría para interceptar legalmente los teléfonos -actualmente a cargo de Santiago Vila-, ha dejado de ser confiable para el Gobierno: cualquier integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia podría investigar, por ejemplo, si los registros de las "pinchaduras" coinciden con las órdenes judiciales respectivas. Y provocar un grave escándalo institucional si se comprobaran tales irregularidades. Está claro: no hay forma legal de que la SIDE pusiera bajo seguimiento a Daniel Scioli, sin la intervención de un juez.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue consultado sobre esta investigación periodística, pero se negó a responder. Prefirió seguir con sus vacaciones en Villa Gesell.

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Por: José Antonio Díaz y Nicolás Wiñazki (Desde Punta del Este) | Fotos: Diego González y Cristian Welcomme (desde Punta del Este), Marcelo Escayola (desde Villa Gesell) y Cedoc.